Declaración de Salta

III Encuentro Internacional de Banda Ancha y Cable Módem

Declaración de Salta – Introducción

Nuestra Nación es espectadora de un debate en el campo de las telecomunicaciones al cual asisten con diferentes intenciones e intereses multiplicidad de sectores. 

Hace ya varios años que las telefónicas, actores que en su momento optaron por abstenerse de brindar Radiodifusión, detrás de la excusa del avance de la tecnología y de la “necesidad y derecho” de la sociedad de acceder a opciones tecnológicas diferentes, procuran un ingreso sostenido en una capacidad económica dispar. Esos actores, que pretenden imponer por medio de su posición dominante y capacidad económica cambios leoninos en el sector, son los mismos que optaron por adquirir la empresa Estatal de Telecomunicaciones a un precio prebendario, bajo la condición de inhibirse de dar servicios de radiodifusión. Es preciso, en este escenario de debate, recordar que ENTEL era propiedad de todos los argentinos y fruto de la inversión de la Nación, más allá de sus pésimas administraciones. Vale decir, adquirieron Capital de la Nación, Capital fruto de la inversión social de todos los ciudadanos y ahora son los dueños de la red de telefonía pública, y así la operan. 

Esa adquisición les permitió ganancias aseguradas en el control de las telecomunicaciones durante diez años, utilidades sin riesgo y con ventajas, que distribuyeron importantes dividendos para sus accionistas en el exterior. Ahora, ávidos de obtener rentas marginales de la red pública –o sea, un mejor aprovechamiento de un “costo hundido”- pretenden abordar de forma intempestiva y agresiva la industria de la Televisión por Cable y de la Radiodifusión en general. Vale decir, volcar su posición dominante sobre la creación y producción de contenidos, en detrimento de una Red Alternativa generada por inversión de riesgo y sin prebendas. Nos referimos a la inversión de la industria de la Televisión por Cable.

Los vericuetos que buscan, los argumentos que esgrimen, dejan de lado razones de Nación, razones de Estado. El desarrollo del acceso a la información, la comunicación y el entretenimiento encuentra en la convergencia tecnológica un aparente acelerador de sus posibilidades, pero este acelerador precisa de un marco normativo de acción que lo promueva y no lo destruya. La regulación de los Estados, en todas las naciones desarrolladas, no se establece por la tecnología. Sino por el uso de interés social y la contribución al bienestar general que ésta puede aportar. 

El país reviste en su Radiodifusión y en el sector de servicios públicos una cantidad de especificidades sociales, regulatorias y de mercado que deben ser contempladas por el Estado para que sus efectos sean positivos sobre los mercados y sobre la sociedad. Argentina ha visto crecer su Radiodifusión a partir de la iniciativa privada y, en gran proporción, en virtud del esfuerzo de pequeños emprendedores del interior, como es el caso de la Televisión por Cable.

El desarrollo tecnológico y el marco regulatorio deben armonizar desarrollo cultural, económico, social y la perspectiva de su repercusión a futuro. El Marco Regulatorio argentino, que separa los dos sectores, tuvo esa inteligencia. Promovió el desarrollo de un sector que hoy constituye una Red Alternativa real, puente a la inserción social en la Sociedad del Conocimiento. Esa promoción se sostuvo sólo en la posibilidad de un desarrollo en condiciones económicas transparentes. La industria del Cable nunca tuvo prebendas ni las pidió, nació, creció y se desarrollo en competencia.

El marco regulatorio permitió el desarrollo de la conectividad a Internet, la expresión de las regiones y provincias, la constitución de un espejo de nuestro interior y ante todo la baja de costos de comunicaciones en forma progresiva.

Es preciso observar y destacar un factor contundente: la competencia y la claridad de separación, permitió que Argentina cuente con una Red Alternativa en construcción, a partir de una industria nacional consolidada que reúne en armonía la acción y esfuerzo de actores con responsabilidad social, adaptados a las necesidades de sus comunidades.

La inteligencia social de este marco nos coloca en el concierto de las naciones que fomentan su identidad y cultura, con medios de comunicación independientes, frente a empresas dedicadas a prestaciones o que respondan a servicios de primera necesidad, como agua y energía.

El factor de propiedad nacional es estratégico en la definición y construcción de la Nación. En ningún país desarrollado la propiedad de los medios de comunicación es plausible de una transnacionalización. En casi ningún país del mundo existe una convergencia de Empresas de servicios públicos, con capacidad dominante, hacia la Radiodifusión. Esta “convergencia”, la que demandan las telefónicas, converge sólo hacia el interés de la acumulación de riqueza y poder, en contrapeso con la pluralidad, la diversidad y las identidades culturales. Atenta contra el debate y la transparencia, al tiempo que destruiría un elemento de control social esencial. Más en una nación con una industria independiente abocada a la Radiodifusión, en desigualdad absoluta con empresas de servicios públicos multinacionales sostenidas con rentabilidades enormes, ya sea en Argentina o peor aún si consolidamos la sumatoria de su poder y reserva económica mundial.

Por ello es también preciso respetar y conservar la Ley 25.570, denominada de Preservación de Bienes y Patrimonios Culturales. ¿Qué pasaría si los mismos actores que, invocando la crisis del 2001, llevaron a la Nación a juicios en el exterior para reclamar que se aumenten sus tarifas fueran aceptados como radiodifusores? 

El accionar de las empresas de Telecomunicaciones y otras de Servicios Públicos, lejos está de evidenciar inversión social. Basta con ver que la Banda Ancha se torna accesible cuando llega el Cable Módem y le compite al ADSL. De hecho, alcanza con mirar las cifras de penetración de Banda Ancha para darse cuenta que no compiten entre ellos. Respetan las zonas originales como si todavía estuviera vigente el duopolio.

La Banda Ancha es el gran ausente en muchas localidades del interior del país, o directamente inaccesible, en cambio el desarrollo está dirigido hacia la crema del mercado. El objetivo debe ser el crecimiento y la federalización de la Banda Ancha, y en este sentido el Cable es el que ha producido la inversión tecnológica y el despliegue de redes más intenso, incluyendo lugares de baja densidad poblacional. 

Los discursos elegantes que proponen el paso a una nueva etapa, esconden el interés de una etapa de mayor poder para ellos. La eliminación de los actores locales y nacionales en los medios. La anulación del desarrollo de una Red Alternativa, con el consecuente riesgo estratégico para un Estado de tener sus redes de comunicación en manos extranjeras. La pérdida de la multiplicidad, de la iniciativa creativa, de los emprendedores y el avance de una sombra gris sobre la cultura y la identidad. Sobre todo: su espíritu -su accionar- no permite pensar en que cambiarán, sólo que articularán más en su favor.

Las externalidades sociales generadas por la industria son puestos de trabajo, mejora de la empleabilidad, consumo, industrias nacionales que brindan servicio y producen insumos, productoras de contenidos, respeto de las identidades locales, trabajo extendido y tantos otros. Estas son nuestras razones, estos son nuestros hechos.

Más de 700 pequeños, medianos y grandes operadores que cubren casi todo nuestro territorio, llevando televisión, Banda Ancha e incluso telefonía, donde ni el Estado llegó. Una penetración mayor a la telefonía de línea fija, pero no ahora, cuando crece el celular, sino siempre. Inversiones enterradas y abrazadas a nuestra tierra y más de 30.000 Km. de tendido de cables que acercan el mundo a los argentinos. Las condiciones actuales son las que permitieron el crecimiento del Cable y la creación de una Red Alternativa de acceso a la información, el conocimiento y la comunicación. La modificación de estas condiciones produciría un retroceso no sólo económico, sino que también constituiría un desapoderamiento sobre derechos de las empresas de Televisión por Cable, cambio cuyo beneficio recaería en las empresas de servicios públicos dominantes, en especial de las telefónicas.

La necesidad de una Ley de Radiodifusión acorde a la democracia, acorde al desarrollo social esta lejos de ser discutible. Todos los actores de los medios queremos ese debate. Queremos una Ley moderna, consensuada e inclusiva de todos los actores sociales. Pero estaremos frente a la modificación de nuestro marco regulatorio. Nueva Ley no debe ser Ley de destrucción de la industria. Esta ley no debe replantearse debates saldados recientemente, en los cuáles se estableció la protección de las PYMES en un marco que exime y excluye a las empresas de servicios públicos, fuera cuál fuera su tipo de propiedad, aún sean cooperativas, de dar servicios de televisión por cable.

Nueva Ley debe estar en las antípodas de la disparidad. Una nueva Ley debe incentivar, garantizar y promover el desarrollo del sector y complementar la inclusión social a partir de la eliminación de la Brecha Digital. Nuestro país precisa de las nuevas tecnologías y de la convergencia pero sin eufemismos que escondan la persecución de negocios verdaderos. La asimetría económica precisa de una asimetría regulatoria, sostenida en el concepto constitucional de que la igualdad es equilibrar las condiciones entre desiguales. Una Ley con mirada estratégica debe eliminar los desequilibrios, no profundizarlos.

Es preciso que el Gobierno, las Instituciones, las Legislaturas y todos los sectores sociales aportemos a esta oportunidad desembozados de mezquindades y ocultamiento. La discusión de una Ley no debe ser un proceso de constitución de poder en forma maniquea. Estos procesos, ajenos al interés común, desembocan en errores a pagar por todos los argentinos.

El Cable es el medio de comunicación con mayor desarrollo y llegada de nuestro país. Es el espacio de expresión de nuestra diversidad cultural, política y social. Nuestra industria está como siempre dispuesta al aporte social. Somos resultado de la confianza de los ciudadanos, de la elección diaria y del voto de confianza. Somos una industria que precisa un país con futuro, dado que nuestras inversiones son reales y hemos invertido para construir el puente para las nuevas generaciones.

Principios Rectores de la Televisión por Cable

• Sostener la separación de los marcos regulatorios.

• Sostener la Propiedad Nacional.

• Sostener la inversión para el desarrollo de la Banda Ancha, la Red Alternativa y la eliminación de la Brecha Digital.

• Aportar inversión y esfuerzo para el ingreso igualitario a la Sociedad del Conocimiento.

• Aportar al debate de una verdadera Ley de Radiodifusión.

• Sostener la armonía y colaboración hacia el interior de la industria.

• Sostener y promover el cumplimiento del rol social, el compromiso con el desarrollo cultural y la defensa de las identidades.

• Sostener los niveles de inversión en el sector.

• Colaborar con los diferentes niveles del Estado en el desarrollo de una Comunicación Amplia y Democrática y en la sociabilización del uso de Internet como medio interactivo y de transparencia institucional.

• Promover el uso educativo de la Red Alternativa.

• Promover la disminución de las barreras de acceso.

• Sostener la pluralidad de voces, la diversidad cultural, el respeto a las identidades y a las diferencias.

Somos una industria de actores nacionales, que trabajan todos los días de cara a sus conciudadanos concientes del rol social y el aporte al desarrollo de un país más vivible.

Argentina tendrá siempre en la industria de la Televisión por Cable un actor decidido ha construir una nación justa, con soberanía cultural e independencia de criterios.

Llevamos más de cuarenta años mirando al futuro.