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Seguir leyendo //La cámara que agrupa a los fabricantes de equipos para generación, transmisión y distribución de energía –CADIEEL- manifestó su “gran preocupación por la proliferación de obras públicas en las que las contratistas del Estado Nacional, omiten el cumplimiento la Ley 25.551 de Compre Trabajo Argentino”, y advirtió que esta situación “pone en riesgo a una industria que se compone de 7.000 empresas y emplea a 80.000 familias”.
Las obras apuntadas por CADIEEL son –entre otras – las centrales térmicas Río Turbio, Ensenada de Barragán, Brigadier López y los parques eólicos recientemente adjudicados por ENARSA, que le cuestan al Estado Nacional más de 1.300 millones de dólares y en las que se pretende importar la mayor parte del equipamiento eléctrico, para cuya adquisición no se siguieron los procedimientos previstos por el régimen de Compre Trabajo Argentino.
“Esta inyección de recursos podría generar no menos de 4.000.000 de horas de trabajo calificado a las que habría que agregarles otro millón de horas de empleo indirecto”, precisó Claudio Krämer, gerente de CADIEEL, quien recalcó que estas compras en el exterior tienen además un efecto fiscal negativo en términos de aportes a la seguridad social e impuesto a las ganancias.
Krämer indicó que desde octubre de 2008 varias cámaras del sector efectuaron diversas acciones como la presentación de recursos ante la Secretaría de Industria de la Nación y la solicitud de la suspensión de las compras de equipos importados cuya contratación no respetó el procedimiento previsto por esa legislación.
En ese sentido, destacó que en las obras de la Central Térmica de Río Turbio y de Ensenada de Barragán, esas presentaciones ya cuentan con un primer dictamen favorable e instó a la Secretaría de Industria a actuar “rápidamente en defensa de los fabricantes locales”.
“El Compre Trabajo Argentino no prohíbe importar –aclaró- sino que establece la obligatoriedad de facilitar la participación de la industria nacional para la que otorga un margen de preferencia en materias de precios de entre un cinco y un siete por ciento para los productos fabricados en el país. El problema es que las modalidades de contratación de los adjudicatarios de las obras impiden que las empresas argentinas puedan competir”, explicó.
Al respecto, ejemplificó que en Brasil los márgenes de preferencia para las compras en materia energética son del 25% a favor de sus industrias, mientras que en Estados Unidos las exigencias son aún mayores.
“Mientras el mundo protege su trabajo e inteligencia, nosotros financiamos trabajo en otros países con recursos aportados por todos los ciudadanos que son vitales para fortalecer una política de desarrollo para Argentina”, concluyó.
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