Cuando la necesidad tiene cara de hereje…

De Domingo a Domingo, la columna de análisis político de Hugo
Grimaldi

Entre los grandes despropósitos de una semana donde dominaron, desde la dureza de
los enfrentamientos, las peleas por el salario de los estatales y los docentes en Santa Cruz y en Neuquén, hubo uno muy particular que
parece algo menor, pero que demuestra que en política nadie descarta el doble discurso, sobre todo cuando se pone de manifiesto que la
necesidad tiene cara de hereje.

Dicha actitud paradojal quedó a la vista y plasmada en los diarios, bajo la forma de un aviso oficial para impulsar la elección,
aunque sea transitoria, del sistema por el que le gustaría jubilarse a los trabajadores y sirvió para opacar otro contrasentido quizás
más profundo: mientras en Buenos Aires los aumentos de salarios se dirimen por estos días en la mesa de paritarias, la provincia del
Presidente no las tiene para sus agentes estatales desde 1991, debido a una Ley de Emergencia que impulsó el entonces Néstor Kirchner
gobernador.

¿Por qué llama entonces tanto la atención una apelación publicitaria tan esquizofrénica en medio de otros conflictos más profundos?
Porque por marketing o probablemente por conveniencia, el mismo gobierno que se muestra dirigista a ultranza a la hora de defender la
planificación centralizada en materia de obras públicas o de ejercer controles desmedidos sobre los precios, es quien propicia el
traspaso hacia la jubilación estatal, en nombre de la libertad (?ser libre en serio es poder elegir?), libertad que por cierto nadie
se anima a plantear en el caso de las Obras Sociales Sindicales.

Sin embargo, lo que fue aún más desafortunado y hasta le provocó algún dolor de estómago a miembros de la Administración que hacen
del discurso antiliberal una bandera de todos los días, es que la pobreza creativa de la pieza publicitaria comparaba esa elección de
vida (?sistema jubilatorio para tu futuro?) con la compra de ropa, y nada menos que en un shopping, un ícono de los odiados años ?90.

La aparición de ese mensaje, justo en la misma mañana en que el presidente Kirchner iba a inaugurar con bombos y platillos el salto
de sistema, motivó una rápida desbandada entre quienes la suscribieron, probablemente para no quedar en situación políticamente
incorrecta. En la interna, todos intentaron despegarse de las firmas (Superintendencia de las AFJP, ministerio de Trabajo y ANSeS) y
hasta la Presidencia de la Nación, habitual firmante de cuanta propaganda habla d y la Superintendencia de las AFJP e ?un país en
serio?, esta vez sugestivamente apartada del pie de página, miró hacia otro lado.

Más allá de que se nota que una vez más el Estado mueve a su antojo el dinero de la gente, como ya ha ocurrido muchas veces en la
historia, aunque en esta ocasión para mostrarse como benefactor insustituible y no para desviar fondos, congelarlos o bloquearlos, la
razón central de tanta enjundia ideológica pro jubilación estatal habría que buscarla en la necesidad de cubrir el bache que se está
produciendo en las cuentas de la ANSeS.

El problema tiene dos vertientes. Por un lado, el aumento de 13 por ciento efectivizado desde enero de este año, que aún no tiene
contrapartida plena en una suba de salarios que aumente los ingresos de la seguridad social y, por otro, la generosa moratoria
bautizada ?cobre primero, pague después?, que permite obtener el beneficio antes de hacer los aportes, a la inversa de la lógica del
llamado ?reparto estatal?. Así, el gasto jubilatorio creció, y mucho, durante el primer trimestre.

La modalidad fue implementada debido a la necesidad de dar respuesta a mucha gente que se quedó fuera del sistema tras la recesión y
la crisis del fin de la década anterior y que por lo tanto dejó de aportar por mucho tiempo. En realidad, lo que ocurrió fue que la
posibilidad fue aprovechada por muchísimos miles de nuevos beneficiarios que ingresaron al sistema sin mayores requisitos, salvo pagar
la primera cuota de su bolsillo (las restantes se descontarán del haber provisional), lo que le ha permitido a muchísimos otros más,
que no sufrieron el trauma de la falta de trabajo, inclusive amas de casa de toda condición social, engancharse en el sistema.

Como el núcleo del funcionamiento de la jubilación del Estado es que nadie es dueño de sus aportes y que se trata de una simple
bolsa hoy superavitaria que todos los meses se nutre de los aportes de los trabajadores y de una porción de impuestos, que tal como
entran, salen, es más que probable que la plata fresca que comenzará a llegar al Estado de los ex aportantes a las AFJP sea una
bendición para evitar futuros déficits, aunque disfrazada en el discurso oficial con el ropaje de la solidaridad.

Además de que podría considerarse injusto hacia las personas que aportaron durante toda su vida, para los expertos ha sido muy
baja la porción de esos nuevos jubilados que son personas pobres, las que realmente necesitan el ingreso casi para su subsistencia. El
resto, por estar mejor informados y seguramente por tener disponible la primera cuota de la moratoria en su bolsillo, se ubica en
otros niveles socioeconómicos, con lo cual se ha desvirtuado el sentido original de la medida.

Según un trabajo de la Fundación IDESA, ?esto implica que se están usando fondos públicos para beneficiar en proporciones más o
menos parecidas a todos los hogares, sin distinguir su nivel de ingreso?, tal el cruce de datos que se hizo con la Encuesta Permanente
de Hogares, indica Osvaldo Giordano, su titular. Para el economista cordobés, ?se está comprometiendo a futuro un gasto fiscal por un
valor que es más de 10 veces mayor a los recursos socialmente necesarios y, sin embargo, esto no llevará a erradicar la pobreza entre
los adultos mayores?.

En materia de dinero previsional, se calcula que, además, la ANSeS recibirá en julio, de modo automático, lo que la Ley determinó
que debía ir al Estado sí o sí, cerca de 5 mil millones de pesos, que provendrán de aquellos que tienen registrados en las AFJP menos
de 20 mil pesos, quienes tendrán que hacer en los próximos 90 días un trámite especial de elección si quieren conservar su dinero en
una Administradora y evitar el traspaso. También llegará a las arcas estatales de modo obligatorio, dinero de los regímenes especiales
de docentes, investigadores, diplomáticos y miembros del poder judicial.

Resulta incontrastable que uno de los grandes éxitos del Gobierno ha sido la lucha contra la evasión fiscal y previsional, en este
último caso en contra del llamado ?trabajo en negro?, una lacra que aún sigue dominando, por ejemplo, en la mayor parte de los nuevos
empleos. Para combatir esa informalidad, se hacen esfuerzos desde lo administrativo y también desde lo legal.

En el Congreso, es notoria la batalla que da el abogado de la CGT y diputado por el Frente de la Victoria, Héctor Recalde quien
apunta habitualmente contra todos los regímenes laborales que no incluyen aportes o los reducen, aunque no se ha expedido todavía
sobre el sueldo que cobran los municipales de Río Gallegos, por ejemplo, quienes aportan a la seguridad social sólo sobre el básico,
apenas 78 pesos.

Precísamente, los menores aportes a la jubilación y sobre todo a las Obras Sociales es el fundamento por el cual los gremios le han
ofrecido al Gobierno encabezar la campaña pro jubilación estatal, olvidando -otra paradoja más- que algunos de ellos son dueños de
AFJP.

Dicha ?amistad? tiene también una dosis de picardía ya que paralelamente los sindicalistas están buscando aumentar el piso de la
negociación salarial a 20 por ciento como mínimo o conseguir un mecanismo por el cual no se note que con la letra chica de beneficios
indirectos (menos horas de trabajo, sumas fijas, etc.) se está vulnerando en cada caso la pauta de 15% que entronizó el Presidente.

El nudo vital de la resistencia gremial es que tampoco ellos creen en las cifras oficiales de la inflación, tras las manipulaciones
y tropiezos que han caracterizado a la gestión del secretario de Comercio, Guillermo Moreno. Como ocurre cada vez que se trata de
tapar el Sol con las manos, cada solución es el germen del siguiente problema y lo que le está ocurriendo al funcionario es que la
velocidad de esta secuencia se le ha hecho imparable.

El caso del cálculo de la Canasta Básica del INDEC que pasó de un plumazo de 3,6 por ciento a 0,2 por ciento negativo ha desbordado
todos los límites de la credibilidad. Otro tanto le ha ocurrido con la carne, con el pan y con los lácteos, tres alimentos de
primerísima necesidad, que han dejado en evidencia con sus faltantes que su acción ha contribuido a enrarecer los mercados, antes que
a disciplinarlos.

Lo cierto es que se sabe que Moreno no es bien visto en Economía y como la interna del Gobierno lo relaciona más con Julio de Vido
que con su jefa directa (Felisa Miceli) y al ministro de Planificación con Hugo Moyano, por carácter transitivo hay quienes sugieren
sibilinamente en el piso 5 del Palacio de Hacienda que los pasos para desacreditar los índices se están dando interesadamente a favor
de la CGT.

El mismo argumento se utiliza a la hora de preguntarse por qué el incremento para Gas Natural BAN se anunció justamente ahora,
cuando la gente está más sensibilizada con la inflación y los costos empresarios pueden empezar a cargarse preventivamente por
aumentos de salarios no contemplados.

En medio de una pulseada con el FMI, que puso sus reparos sobre el gasto y la inflación Miceli acaba de decir en Washington que la
Argentina ha decidido tener superávit fiscal como una política central para evitarse problemas y que el destino del gasto lo ejecutará
soberanamente, mientras que llamó la atención que no usara tanta enjundia para negar las tensiones inflacionarias, sino que más bien
admitió cierta preocupación.

También en Economía se comenta que ?Moreno sabe que la historia no lo recordará a él, sino al que destape la olla cuando ya no
esté?