Con octubre en la mira

Hugo Grimaldi – la columna de análisis político – De Domingo a
Domingo*

Sin que resulten hasta ahora para el oficialismo situaciones tan escandalosas como otras anteriores
con olor a corrupción, tres controvertidos episodios que tienen como protagonistas a los asambleístas de Gualeguaychú, a los empleados
del INDEC y a Hugo Moyano se desarrollan en paralelo con los comicios de Córdoba y Santa Fe, en conjunto el segundo gran test que le
dirá al Gobierno dónde está parado en materia electoral.
Sin embargo, exactamente a ocho domingos de las elecciones de octubre, la resolución positiva de cada una de esas cuestiones requerirá
mucha muñeca de su parte, ya que si continúa mirando para otro lado puede quedar embretado de mala manera ante la opinión pública
debido a:
1) La arriesgada acción de los ambientalistas, decididos a cruzar al Uruguay para protestar ante las puertas de Botnia,
2) La actitud de los dirigentes de ATE, quienes acaban de vender la integridad del Instituto de Estadísticas por 30 monedas,
mientras los Indices ya han perdido toda credibilidad y
3) La grosera presión de la CGT para condicionar a Cristina Fernández y quitarle radio de acción desde las listas, nombramientos y
eventuales cambios de políticas.
Si bien el denominador común de las tres cuestiones es el cinismo de los protagonistas, al que se suma la necesidad del Gobierno de
pasar octubre, por su gravedad regional y hasta afectiva, el caso Uruguay se sitúa en un primer plano ineludible.
Específicamente en este caso, las acciones del gobierno argentino han sido hasta ahora al menos erráticas, para encauzar un conflicto
donde la realidad de la procesadora de pasta celulósica que se alza en la costa oriental de río ha superado todas las teorizaciones
alocadas que se quieran proponer, como la relocalización, por ejemplo.
Pero si hay un plano de la discusión en el cual el Gobierno podría quedar lastimado de mala forma ante el público interno es en la
explicación de los por qué dejó llegar las cosas hasta donde llegaron, legitimando una y mil veces el estatus asambleario de los
vecinos de Gualeguaychú, que fue colocado por los activistas hasta de modo festivo por encima de las leyes de la Nación y por sobre
los tratados internacionales, sin que nadie desde el poder político los ubicara al respecto. Y ante la pasividad gubernamental, ahora
van por más, aún a riesgo de que la aventura del otro lado del río termine de mala forma.
Mucho se habla críticamente de las tropas o de las demoras que planteará la Aduana o Migraciones de Uruguay a quienes crucen el río,
pero ¿qué podría pasar si los asambleístas, tan rigurosos a la hora de cortar la ruta a la altura de Arroyo Verde desde hace tanto
tiempo, se encontraran del otro lado con un corte de los pobladores de Fray Bentos que no los dejaran pasar, en represalia por tantos
sinsabores y pérdidas que se les ha ocasionado? ¿Llegarán a entender que eso podría haberlo determinado otra Asamblea tan legítima
como la de ellos? Si de esa manera justificaron durante tanto tiempo su propio corte ¿ahora pegarán, resignados, la vuelta a casa? ¿O
quizás dirán, como ya lo han dicho airadamente, que deben dejarlos llegar hasta las puertas de Botnia, porque se trata de una ruta del
Mercosur?
La situación es todo un incordio para el gobierno argentino que sigue en estado de parálisis y que hasta ahora sólo ha dado consejos
de prudencia, mientras demagógicamente avisó que la Gendarmería entregará formularios desde temprano para que la gente pase rápido los
controles migratorios de este lado de la frontera. Todo indica que la invasión será pacífica, pero ¿y si no lo es, porque algún
loquito, de uno u otro lado, se sale de cauce? ¿Quién pagará los platos rotos?
Lo más sensato sería que el gobierno uruguayo cierre la frontera, pero ¿hasta dónde esa actitud no lo debilitaría a Tabaré Vázquez
ante La Haya, impelida como estará la Argentina de denunciar la situación? La escalada parece irreversible, aunque haya trascendidos
que indican que después de las elecciones las autoridades argentinas aceptarían participar de un monitoreo permanente y exhaustivo de
Botnia que asegure casi contaminación cero, con el compromiso del Uruguay de parar la producción si se superan los estándares
convenidos. Pero, mientras tanto, ¿es oportuno para la Argentina dejar que su política exterior la maneje una Asamblea? Tal como están
dadas las cosas, hasta el momento, sólo cabe rezar.
En segundo término, está la situación en el INDEC. Allí, el levantamiento del paro se resolvió de una manera muy ventajosa para los
sindicalistas de ATE, sin descuentos ni sanciones, pero muy desdorosa para los empleados que se jugaron su puesto contra las tropelías
que viene realizando desde enero Guillermo Moreno en la calidad de las mediciones de Precios al Consumidor y, entre otros rubros, el
Indice de Producción Industrial.
La total impunidad de la que gozan los hombres que le responden en el organismo, hizo que el viernes se produjera un nuevo episodio en
esta saga de manipulaciones estadísticas, ahora con el Indice de Servicios Públicos en el cual se dejó de lado la medición de la
producción de gas, ya que estaba en baja (-0,9 % acumulado hasta junio) y desnudaba la crisis energética, y se la reemplazó por otra
que muestra un rebosante consumo (6,5 %). El despropósito no sólo desempalma toda la serie sino que mezcla peras con manzanas, porque
en el caso de la electricidad se ha mantenido, como siempre, el rubro generación, seguramente porque daba positivo (7,4 %).
Lo más obsceno de toda la situación fue que, en paralelo con la difusión de este Indice que se revela “trucho” aún para los menos
idóneos, en la Casa de Gobierno se estaba firmando el arreglo con la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), en el cual nada se dijo
sobre el eventual recálculo de los índices alterados, tal como fue la denuncia original de los empleados. Nada que vaya para atrás fue
la orden y en todo caso se formó una Comisión para que encarrile las cosas en 2008, mientras que en el Acta mágicamente se transformó
lo que fue el efecto de la manipulación oficial del IPC (el despido del personal técnico) en la causa del “conflicto que se ha
suscitado”.
Esta actitud demasiado condescendiente de la ex combativa CTA se empalma necesariamente con el tercer episodio que ha tenido como
protagonista a Hugo Moyano, ya que no hay que olvidar la cuestión de la personería gremial que reclaman los primeros y que la CGT
monopoliza. Quizás para neutralizar alguna promesa hecha al respecto por Cristina Fernández, el camionero salió con estudiado candor y
sin ofender (“no la conocemos”), pero con los tapones de punta al fin, contra su futuro gobierno.
Moyano es un hombre que no suele hablar por hablar y durante un almuerzo de inusual convocatoria periodística en la semana, pasó todos
los mensajes que quería pasar, a quienes lo quisieran escuchar. Como soldado de mil batallas, él sabe muy bien hasta dónde apretar,
qué pedir y sobre todo cuándo, más aún si falta tan poco para una elección nacional.
Cuando el jefe cegetista dijo “no aceptamos todo con los ojos cerrados” y lo complementó un par de días después con trascendidos que
hablan de paritarias en enero con piso de 30 por ciento, quiso significar que hoy los sindicatos están a la caza de algunas bancas
legislativas, la búsqueda de un ministro de Trabajo más afín o de más concesiones dinerarias hacia gremios u obras sociales que
siempre vienen bien.
Del otro lado, está la personalidad de Cristina Fernández de Kirchner que, en campaña, está tratando de pasar lo más desapercibida
posible, sin reportajes mano a mano y sólo con apariciones en algunos actos donde la TV se hace presente (dio una charla sobre el voto
femenino, que más se pareció una clase de instrucción cívica que a un acto de campaña) o con escenografía de papelitos, en esta
ocasión junto al presidente Kirchner, en General Roca.
No obstante, y pese a todo, la senadora marcha viento en popa con su candidatura, ya que la tercera pata en materia de distritos
electorales importantes se sitúa en la provincia de Buenos Aires (la primera prueba fue en la Capital Federal y resultó negativa para
el Gobierno), todo un caso en si mismo por su importancia clave, porque le genera hasta ahora un decisívo piso electoral,
probablemente indescontable en otras zonas del país.
La cuenta es sencilla. En territorio bonaerense se concentra 38% del padrón, lo que en buen romance significa que si un candidato
consiguiera todos los sufragios allí emitidos se estaría garantizando 38% de los votos nacionales. En este sentido, si se parte de la
premisa que Daniel Scioli estará por encima de 50 por ciento, de no mediar corte de boleta, ya que el vicepresidente tiene más
intención de voto que la senadora, Cristina se estaría asegurando 19% de los votos totales del país y por cada punto más sumaría 0,4%,
sin considerar niveles de abstención electoral, votos en blanco, etc.
En Buenos Aires se da una situación bastante complicada en materia de intepretación de datos, vericueto que una encuesta de Poliarquía
mostró crudamente en la semana. Mientras que, sin proyectar indecisos, 44,7% dice que votará por Scioli, nada menos que 79 por ciento
evalúa de modo regular y negativo la situación del país, lo que le deja algún campo de esperanza para batallar sobre esa masa de
desencantados a alguna de las muchas patas en las que se ha fragmentado la oposición.
No obstante, un triunfo santafesino, donde históricamente el peronismo muerde votos hasta el último instante, le estaría dando a
Cristina un sustento mucho mayor que se sumaría en octubre, y así lo registran en la Casa Rosada, al combo de votantes cordobeses que
ahora se dividirán entre Juan Schiaretti y Luis Juez, que se suponen todos peronistas más o menos K. Avezados de la política han
registrado como un detalle muy importante la manifestación de Carlos Reutemann, alguien que habitualmente no habla por hablar