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La columna política de Domingo a Domingo, de Hugo
Grimaldi*
Mientras la Argentina se sigue cocinando a fuego lento, las noticias que llegaron desde
París durante la semana resultaron demasiado frustrantes. A Renault le va mal en Brasil, apenas tiene funcionando su planta en Córdoba
a 40 por ciento y decidió seguir apostando a los vecinos en la fabricación de cinco nuevos modelos hasta 2009. La Argentina se quedó
afuera.
Los por qué de la decisión de la automotriz no son del todo comerciales, desde ya, si se toma en cuenta que los franceses invitaron a
periodistas argentinos para que las malas noticias lleguen aquí lo más fidedignas posibles, para avisar lo que querían avisar. Fuentes
diplomáticas soslayaron que la tirria de los franceses no acaba de digerir aún los cruces del gobierno argentino con otras empresas de
esa nacionalidad, aunque el congelamiento de las grandes inversiones se da por igual en grandes compañías de cualquier otro tipo, de
cualquier otra nacionalidad.
El gerente general de una empresa estadounidense, líder en tecnología, explicó en una charla de amigos que, en materia de inversiones,
el verbo en boga en su casa matriz es ?mantener?, aunque mucho se esmeran aquí en hacer anuncios y en mostrar presencia activa para no
caer bajo las miradas torvas del elenco oficial.
Al fin y al cabo, decía, las inversiones en la Argentina son muy pequeñas en relación al resto del mundo y el tiempo de espera sin
acrecentarlas de verdad -dos, seis o diez años, según le vaya al Gobierno en futuras reelecciones- es sólo un ?flash? en la vida de
las empresas, expresión que le endilgó a un japonés que representa a otro monstruo de la informática.
Dado que el Gobierno se mete demasiado seguido en numerosas trampas de credibilidad, a lo que lo obliga su declarada obsesión por la
opinión pública y su amor por el corto plazo, no parece todavía que se hayan encendido luces amarillas al respecto en ninguno de sus
despachos.
Menos aún en los de Economía, donde no puede ignorarse que el talón de Aquiles del modelo está en la escasez de inversiones. Todo lo
que pasa hoy en la Argentina y cómo se resuelve está bajo la lupa de quienes -aquí y en el exterior- levantan o bajan el pulgar en
materia de inversiones y a los que sólo les interesa su rentabilidad futura.
Pero definitivamente, en el Gobierno no parece que haya interés por conocer cuáles son las causas de fondo, ni mucho menos a alguien
que se cuestione si hay algo que se está haciendo mal. Sería impensable que algún funcionario ensaye públicamente una autocrítica de
ese calibre, aunque da la sensación de que nadie se permite considerarlo ni siquiera en la intimidad de una hipótesis de trabajo.
Para muestra basta un botón. La ministra de Economía, Felisa Miceli, atrapada en la obsesión presidencial de los acuerdos sectoriales,
dijo el jueves públicamente, en relación a que la oferta no alcanza a la demanda y provoca tensión inflacionaria, que las inversiones
que se han hecho ?no han madurado todavía lo suficiente? y que lo harán recién ?a mediados del año que viene?, en una suerte de excusa
cualitativa antes que de ponderación de falta de volumen.
En ese mismo discurso, Miceli habló también de otros remedios para frenar la inflación y si bien se manifestó a favor de sostener el
superávit fiscal en línea con los deseos presidenciales de que no haya desbordes del gasto durante el primer cuatrimestre y defendió
la política de acuerdos de precios como freno a las expectativas, explicó que la acción del Banco Central es la de ser gestor de una
política monetaria ?prudente?.
Inmediatamente. Miceli la emprendió contra los remedios ortodoxos que le enseñaron en la Facultad, los que ?estamos tratando de
evitar?, dijo, como el alza de las tasas de interés. Al respecto, señaló las consecuencias de una suba de tasas en el proceso
exportador, en el de sustitución de importaciones y en la eventual reversión del ciclo económico. Más allá de todas las razones
técnicas, donde seguramente la asiste la mitad de la biblioteca, la mención a la escasez de inversiones nunca rozó siquiera la
necesidad de la seducción bajo la seguridad de reglas de juego de mayor horizonte, aspecto que no está en el léxico oficial. Ella, tal
como lo indica la lógica antinoventista, prefiere impulsar las inversiones de puertas adentro asignando créditos y subsidios, método
-según su concepto- de un Estado ?presente?.
Lo que resulta bastante evidente es que la ministra no se muestra demasiado cómoda cuando tiene que defender otros preceptos, sobre
todo aquellos que provienen de la Casa Rosada. Ya le pasó cuando tuvo que anunciar el ROE y ahora cuando salió a fustigar la
metodología del INDEC para medir la distribución del ingreso.
Según Miceli, el organismo utiliza hoy una metodología propia ?de los 90? que habría que revisar porque no contempla la ?presencia?
asistencialista del Estado. Lo más urticante para defender es que nunca antes se dijo nada, probablemente porque los resultados
quedaban siempre dentro de las mejoras propias de una situación límite.
Pero ahora, cuando se supo que la brecha entre pobres y ricos se había ampliado de las 24 veces registradas en mayo de 2003 o de las
28 veces del segundo semestre de 2004, ahora a 31 veces, pese a que el PIB creció 30 por ciento en los últimos tres años. En su último
informe, el Banco Río señaló que la degradación se debió a la brecha que se generó por los incrementos de salario entre quienes están
en blanco (7 % en el año) y los que están en negro (1 %), mientras que el Centro de Economía Regional y Experimental (CERX) lo
atribuyó a la falta de una ?profunda reforma tributaria? que apunte a una mejor distribución. El Gobierno, sin dar explicaciones, sólo
atinó a trasladarle la culpa una vez más al mensajero.
Más allá de la falta de homogeneidad hacia atrás en la comparación, si ahora se le suma a la medición la ?presencia? del Estado a
través de la acción social sería lo mismo que intentar quitarle al índice de precios la ?presencia? fiscal de la Nación, las
provincias y los municipios que tanto distorsionan las tarifas de los servicios públicos, por ejemplo.
En contrapartida, y para sumarse también a la ola de los tiempos, el INDEC podría ponderar en la canasta familiar los impuestos que
acosan a los ciudadanos, mucho más a los de menores ingresos, desde las impiadosas tasas municipales que se elevan sin cesar en estos
días hasta la inclusión en la cuarta categoría de Ganancias a los que -casados y con dos hijos- ganan más de $ 2.035.
Bajo la excusa de no convalidar mecanismos indexatorios, haber cristalizado la situación y dejarla sin resolver hasta abril próximo no
sólo intenta tapar el sol con las manos, negando la inflación desde que José Luis Machinea elaboró estas mismas escalas y que
matemáticamente ampliaría el mismo mínimo a $ 3.853, sino que, en el extremo y en medio de internas políticas y sindicales en la
provincia, esa estrategia llevó al desmadre santacruceño y a la execrable muerte del policía Sayago.
El episodio del Sur tiene aristas que valen mencionar para avanzar en el concepto de que, cuando las papas queman, el Gobierno hace lo
necesario para salir de la trampa en la que se ha embretado. El factotum de los acuerdos fue un funcionario público, el secretario de
Seguridad Interior, Luis Tibiletti, quien primero reimpuso el orden vía Gendarmería y después, junto al cura Molina, cerró el acuerdo
que desactivó el conflicto y, sobre todo, y ante la negativa cerrada de las petroleras, terminó con la peregrina idea de que las
empresas se hagan cargo del impuesto deducido.
En contrapartida, también hay que decir que, cuando el Gobierno no quiere, potencia las dificultades hasta el extremo y deja que las
cuestiones se enreden hasta que las madejas ya no toleren desoville.
Así le está pasando con el Uruguay en el caso de las papeleras, donde las iras chauvinistas de ambos lados podrían encender un fósforo
fatal. Para distender, el gobierno argentino podría ensayar un primer paso de buena voluntad -vía convencimiento- para terminar con
los cortes de los accesos al puente internacional, tal como hizo en el Sur.
Ya que éste es el karma que esgrimen los uruguayos, este gesto debería ser suficiente para obligar al país vecino -en contrapartida- a
paralizar la construcción de las plantas, hasta que se generen los mecanismos binacionales de control ambiental que podrían darle algo
de tranquilidad a la gente de Gualeguaychú.
Y así le sucedió al Gobierno con los ganaderos, a los que quiso castigar con un freno a las exportaciones para que no suban los
precios internos, hasta que la tragedia de la aftosa descubierta por el SENASA volvió a hacerle poner los pies sobre la tierra a todos
los actores de tan espantosa comedia de enredos. El precio a pagar por tan pobre manejo de la situación será el de la suspicacia,
mientras bajarán los precios, pero también caerán las exportaciones y, en tanto, nadie moverá un dedo para invertir en nuevos
planteles que generen mayor oferta de carne hacia el futuro.
* Por gentileza de Hugo E.Grimaldi, director periodístico de la Agencia DyN (Diarios y Noticias, de la Argentina), reproducimos su
columna De Domingo a Domingo, correspondiente al 12 de febrero de 2006.
Cada fin de semana esta columna aparece en medios destacados de la Argentina, como La Gaceta, de Tucumán; la Nueva Provincia, de Bahía
Blanca; La Capital, de Mar del Plata; La Calle, de Concepción de Uruguay o El Diario, de Olavarría.
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